Historia de la pendiente inclinada en la Constitución de los EEUU
Desde la Fed hasta Obamacare, sobre las cacicadas del Gobierno Federal y el Tribunal Supremo
Este post está basado en el libro Una introducción al derecho Constitucional de Randy Barnett, más conocido por haber escrito la obra que hizo que abriera este blog y que resumí en mi primera entrada. Todos los juicios de valor son míos.
EEUU es un país federal, y así lo reconoce su Constitución. Esto significa que el poder del Congreso es realmente limitado frente al de los Estados.1 En su concepción el Congreso sólo tenía unas competencias extremadamente básicas como emitir deuda pública u organizar la defensa del país.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que el Congreso aprobó un Banco Central,2 algo que estaba fuera de sus competencias. Y el Tribunal Supremo3 (TS) lo dio por válido.
Durante los dos siguientes siglos el Congreso no dejó de expandir sus competencias, regulando cada vez más aspectos que o no debería poder, o le corresponde a los Estados; llegando al cénit durante este siglo con la sentencia del TS sobre Obamacare.
En este post veremos la historia de cómo la jurisprudencia fue retorciendo cada vez más una Constitución extremadamente clara, y qué consecuencias ha tenido.
Los dos casos más importantes
Si algo tiene que quedaros claro en este post son las dos cláusulas de la Constitución que más han servido para todas estas cacicadas:
Cláusula Necesaria y Adecuada: la Cláusula 18 de la Sección 8 del Artículo I, permite al gobierno federal (GF) ejercer poderes que no estén explícitos en la Constitución si son necesarios para que pueda ejecutar sus funciones fundamentales, como cobrar impuestos o emitir deuda.
Cláusula de Comercio: Cláusula 3 de la Sección 8 del Artículo I, da al Congreso el poder de regular el comercio con Naciones extranjeras, con los nativos americanos y entre Estados (de EEUU).
Con esto en mente ya podemos empezar la cronología.
La semilla: el nacimiento de la Banca Central
Recordemos que la Constitución no dice en ningún momento que el Congreso puede fundar un banco -y concederle un monopolio.
Así pues, la única forma de hacer esto posible es con la Cláusula Necesaria. Madison y Jefferson se opusieron, pues un Banco Central no es en absoluto necesario para llevar a cabo las funciones básicas de un Estado.
La contra-nota la puso Alexander Hamilton con una cacicada que, para ser de las primeras, es de las más potentes: redefinir el significado de “necesario”. Según Hamilton, lo que en verdad quiere decir “necesario” en la Constitución no es que sea necesario, sino útil. Y como Hamilton consideraba que un Banco Central sería útil para que el Congreso pudiera, por ejemplo, endeudarse; entonces la concesión de este poder extraordinario sería constitucional.
¿Qué dijo el TS? En el mítico caso McCulloch v. Maryland (1819)4 se le dio la razón a Hamilton (usando sus mismas palabras, aunque sin citarlo).
Los Bancos Centrales pueden pareceros mejor o peor, pero aquí hay dos cosas claras:
Redefinir el significado de una palabra tan clara como “necesario” es una cacicada y
esto abrió la puerta a leyes que los Padres Fundadores nunca pudieron siquiera concebir.
Ahora bien, la Cláusula Necesaria no ha sido la única en retorcerse hasta el infinito, también tenemos que hablar de la Cláusula de Comercio.
Al contrario que en el caso anterior, la primera jurisprudencia importante ampliando las competencias del Congreso con esta cláusula es bastante razonable.
En Gibbons v. Ogden (1824) el señor Odgen tenía un monopolio de los barcos de vapor en Nueva York, pero otro hombre, Gibbons, transportaba gente en estos barcos desde Nueva Jersey, atravesando Nueva York.
La pregunta es clara, ¿puede el Estado de NY usar su poder de conceder monopolios para limitar actividades que incluyen más territorio que su Estado? ¿Debían los barcos de NJ darse la vuelta nada más tocar el agua de NY? Su respuesta fue que no.
Como hemos dicho, la Cláusula de Comercio permite regular las actividades comerciales5 entre Estados, y el TS consideró que estamos ante un conflicto entre Estados, aunque el monopolio sólo afectara a las aguas de NY.
La evolución de las regulaciones comerciales
Hasta ahora la Cláusula de Comercio permitía regular el comercio entre Estados. Tras Champion v. Ames (1903) este poder creció para poder prohibir cierto tipo de comercio entre Estados.
En concreto, se prohibió el transporte de tickets de lotería. Este fue su razonamiento:
Por analogía, observó que los Estados tienen el poder policial para prohibir la venta interestatal de boletos de lotería. Si los Estados tienen ese poder, preguntó: "¿por qué no puede el Congreso, investido con el poder de regular el comercio entre los diversos Estados, disponer que dicho comercio no sea contaminado por el transporte de boletos de lotería de un Estado a otro?" En resumen, al igual que un Estado tiene poder policial sobre el comercio intrestatal, que incluye el poder de prohibir dicho comercio, el Congreso también tiene poder policial sobre el comercio interestatal.
Por supuesto, esto no acaba aquí. Estamos en el New Deal, el intento de solución de Roosevelt para salir de la Gran Depresión.6
Una de sus propuestas estrella fue la AAA (Agricultural Adjustment Act) que ponía cuotas máximas a la producción de productos agrícolas, con la idea de que subieran de precio (más info aquí). Fue en este contexto cuando el granjero Filburn, que tenía más tierra de la que podía cultivar, decidió cultivarla igualmente y usar el excedente de su cuota de trigo para alimentar al ganado. Pobre insensato.
Cierto, Filburn realizaba una actividad puramente local, así que la Cláusula de Comercio no debería poder aplicarse, ya que (una vez más) tan sólo regula el comercio entre Estados. Pues bien, en Wickard v. Filburn (1942) el TS se puso creativo.
Su argumento fue que sí, Filburn no afectaba al comercio entre Estados, pero si todo el mundo hiciera lo mismo que él entonces sí habría repercusiones en el comercio entre Estados, ya que esto afectaría al precio de los alimentos para ganado. Esta es la doctrina de la agregación, que permite castigar a alguien no por lo que ha hecho, sino por lo que podría pasar si todo el mundo lo hiciera.
Ni que decir tiene que esta doctrina permite aplicar la Cláusula de Comercio a básicamente cualquier cosa.
Esta idea la llevarían más lejos en Heart of Atlanta Motel v United States (1964). Básicamente, un motel se negaba a atender a negros. ¿Qué tiene que ver el TS y el Congreso en este asunto?
Pues lo mismo que en el caso anterior, con un matiz. El TS dictaminó que el motel debía atender a los negros porque, atentos, si de repente todos los moteles dejaban de hacerlo entonces el flujo de turistas negros cambiaría, afectando así al “comercio” entre Estados. Además también se hizo uso de la Cláusula Necesaria, ahora reinterpretada bajo la doctrina de “los efectos substanciales”, que extiende todavía más el significado del término “necesario” en la cláusula.
"El poder del Congreso para promover el comercio interestatal también incluye el poder de regular los incidentes locales de este, incluidas las actividades locales en ambos Estados de origen y destino, que podrían tener un efecto sustancial y perjudicial en dicho comercio."
Por resumir, Heart of Atlanta Motel extendió el principio de agregación de actividades con cada vez un impacto más sutil e indirecto en cuanto al comercio entre Estados, valiéndose también de la Cláusula Necesaria para justificar que dicha ampliación es constitucional porque es “necesaria” (léase: útil) para que el Congreso pueda ejercer su actividad fundamental de regular el comercio entre Estados.
El culmen de la Cláusula Comercial
En este punto el Congreso ya tenía escusas más que de sobra para aprobar leyes impropias amparándose en la jurisprudencia y la reinterpretación de la Constitución, pero nunca olvidéis que las cosas pueden ir a peor. Siempre pueden.
Katzenbach v McClung (1964) es básicamente la evolución con esteroides de Heart of Atlanta Motel. Nuevamente estamos ante un local -un restaurante- que no quiere atender a negros. Al contrario de Heart of Atlanta Motel, esta vez no había clientes habituales de otros Estados.
Pero dio igual. El TS aprobó la doctrina del “gancho jurisdiccional” que permitía regular una actividad comercial local… si usaba productos de otros Estados.
Es decir, que si un restaurante de Texas le compra unos calamares a California entonces el Congreso tiene autoridad para regular la actividad del restaurante de Texas en un sentido mucho más amplio de su relación comercial con el proveedor californiano.
Pero sin lugar a dudas el peor incidente vino con Gonzales v. Raich (2005) -donde el propio Randy Barnett fue abogado defensor.
Hasta ahora hemos visto la evolución desde regular ciertas actividades comerciales entre Estados, a prohibirlas, a distintos casos donde pasamos a actividades locales, cada vez con menos implicaciones en el comercio entre Estados.
Pues bien, en este caso terminamos en la regulación (prohibición) de una actividad no comercial y local.
Y lamento ser repetitivo, pero quiero que quede clara la evolución:
Cláusula de Comercio en 1776: regular comercio entre Estados.
Cláusula de Comercio en 2005: prohibir lo que sea en cada Estado.
En resumidas cuentas este caso consiste en una persona que regala a otra marihuana medicinal, cultivada por él mismo a pequeña escala -autoconsumo- y sin interactuar de ninguna manera con otros Estados.7
Esta actividad era completamente legal bajo la legislación del Estado de California, que acababa de aprobar una ley sobre la maría medicinal.
Pues bien, al Congreso no le gustó que una señora mayor con múltiples enfermedades incurables, un tumor cerebral y una pérdida de peso mortal se tomara un piti (mejorando considerablemente al menos en cuanto al dolor).
El argumento del TS para que el Congreso pudiera ejercer su autoridad aquí fue el mismo que el que usó 60 años antes en Wickard v. Filburn: el principio de agregación.
Sin embargo, esta vez la actividad es claramente no económica y apenas escalable. Aún así el TS argumentó, básicamente, que era una actividad económica porque “qué pasaría si de repente todo el mundo contrae cáncer, y todo el mundo quisiera tratarse con maría medicinal, pero no todo el mundo tuviera un amable vecino que le regalara un piti de su producción casera y lo tuvieran que comprar en el mercado. Claramente este caso es un substituto de una actividad económica”.8
Randy Barnett criticó esto de la siguiente manera:
Observó que "la prostitución es una actividad económica". Sin embargo, "las relaciones matrimoniales no son una actividad económica", aunque "podríamos estar hablando prácticamente del mismo acto". El hecho de que "exista un mercado para la prostitución", explicó Barnett, no convierte en una "actividad económica" ningún sustituto de lo que se puede obtener en ese mercado, como el sexo conyugal, por ejemplo.
Aunque Barnett ganó este mini-punto, perdió el juicio. Y lo hizo porque el TS adoptó una definición muy amplia de comercio,9 además del siguiente argumento:
[El TS] Sostenía que el Congreso podría regular incluso la actividad no económica local si esa regulación es "esencial" para un esquema regulador más amplio. […] el Congreso puede regular la actividad no económica local como parte de una regulación más amplia del comercio interestatal. No importa si esa actividad local es económica. Tampoco importa si esa actividad local tiene un efecto sustancial en el comercio interestatal. El Congreso solo necesita afirmar que la regulación es parte de un esquema regulador más amplio.
Para que os hagáis una idea de hasta qué punto llegó esta locura, el TS estuvo dividido 5-4 (esta vez en contra del Congreso , eso sí) en United States v. Morrison (2000), donde el Congreso quería usar la Cláusula de Comercio para… llevar a juicio a dos personas acusadas de violación, pero de las que no se encontraron pruebas en el juicio que tuvieron en su Estado. La parte positiva es que el escrito del TS nos dejó una de las mejores frases out-of-context de la Historia del Derecho:
"Los crímenes de violencia motivados por el género no son, en ningún sentido de la frase, actividades económicas."
¿Qué más?
Hasta ahora me he centrado mucho en la Cláusula Comercial, aunque por falta de espacio no he podido dibujar todas las relaciones que los casos que he comentado tienen también con la Cláusula Necesaria.
De todas formas, estos dos elementos no son los único que han sido utilizados para hacer cacicadas.
Un caso claro es el mero hecho de que los miembros del TS están colocados ahí por políticos. En Hepburn v. Griswold (1870) el TS decretó que era inconstitucional obligar a los americanos a aceptar deuda no pagadera en oro o plata como medio de pago, es decir, “tumbaron” el dólar.
No obstante, un año más tarde un juez se retiró por enfermedad y el nuevo presidente (Grant), entre unas cosas y otras, pudo poner a dos jueces de su palo. En Knox v. Lee (1871) la decisión judicial anterior fue tumbada.
Ahora bien, para mí la mayor cacicada la encontramos en NFIB v. Sebelius (2012) sobre la ACA (Affordable Care Act), más conocido como Obamacare. Esta ley (entre otras cosas) obligaba a muchos americanos a hacerse un seguro médico.
Una vez más, la Constitución no dice en ningún momento que el Congreso pueda hacer esto. El primer intento del Congreso por hacerlo constitucional fue recurrir a la Cláusula de Comercio, pero esta vez no les funcionó, así que tomaron un enfoque muy distinto.
El motivo por el que no les funcionó es porque el TS estableció una distinción entre regular una actividad comercial que ya existe y obligar a la gente a empezar una nueva actividad comercial (asegurarse).
El contra-punto del Congreso, esta vez avalado por el TS, fue que lo único que hacía esta ley era darle a los americanos una elección: o te aseguras o pagas “un monto pequeño y no coercitivo (!?)”. De esta manera no te están obligando a hacer una actividad concreta.
Esta decisión tiene el agravante añadido de que encima nadie se la toma en serio y no se usa el mismo razonamiento en otros casos:
Supongamos que la Corte Suprema hubiera sostenido que el Congreso no puede criminalizar la posesión de drogas bajo sus poderes según la Cláusula de Comercio, sino que solo puede imponer un "impuesto" modesto y no coercitivo a aquellos que poseen sustancias controladas. En ese mundo alternativo, el Congreso no podría encarcelar a personas simplemente por poseer o usar una sustancia controlada. Sería perfectamente legal que lo hicieran, siempre y cuando pagaran el impuesto. El gobierno federal solo podría castigar a aquellos que no pagan el impuesto. Este enfoque alternativo de los poderes federales resultaría en un cambio revolucionario en la forma en que se aplican las leyes federales de drogas. Si la Corte Suprema extendiera repentinamente el razonamiento de NFIB a la Ley de Sustancias Controladas (CSA), por ejemplo, incontables prisioneros federales tendrían que ser liberados.
En resumidas cuentas, la Constitución de los EEUU es alabada como una de las mejores, si no la mejor, Constitución del planeta. Y seguramente lo sea, pero por suerte o por desgracia el trabajo no acaba al redactar la Constitución. Sólo empieza.
Estados de EEUU, claro. NY, California, Texas, etc.
Fed, de Federal en “Reserva Federal”. No FED. No son siglas. También es cierto que técnicamente la Fed nace en 1913 pero…
El Tribunal Supremo de los EEUU decide sobre la Constitucional, no es que luego haya un Tribunal Constitucional como en España.
No os preguntéis por qué un caso tan relevante se llama “José v. Murcia”
También hubo mucha discusión sobre qué es comercio, si hay una diferencia con actividades comerciales y con actividades económicas, etc. Por ahora no nos metemos ahí.
Y tema sobre el que, en mis post antiguos, llevo años diciendo que iba a escribir de manera inminente…
Cualquier lector de “Yo, el lápiz” dirá que esto es matizable, pero por suerte el TS no es tan, tan autista.
Obviamente el texto entrecomillado no es literal, aunque sí lo es la doctrina de la substitución del mercado.
Véase:
El juez Stevens escribió la opinión mayoritaria. No adoptó la teoría del gobierno de sustitución del mercado de la actividad económica. En cambio, el juez Stevens se basó en la definición amplia de la palabra "económico" en el Diccionario Internacional Webster's Third New, que la definía como "la producción, distribución y consumo de mercancías". Debido a que los cuidadores de Angel y Diane estaban involucrados en la actividad de producción de marihuana, según la definición de Webster's, estaban participando en una actividad "económica". Por lo tanto, según los casos Morrison y Lopez, el Congreso podía regular su actividad dentro del estado. Como resultado, la Ley de Sustancias Controladas era constitucional en su aplicación a la cultivo local de marihuana.